Stives Reyes .Redactor (I)
Era julio del 2008 y un día después de que la entonces Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) se incautara medios de comunicación, bienes, industrias y más propiedades de los hermanos Isaías, en todo el país, la Asamblea Constituyente aprobó el Mandato 13.
El 9 de julio, la Asamblea de Montecristi ratificó la validez legal de la resolución de la ex AGD, que ordenó la incautación de una lista de bienes de los exdueños de Filanbanco. También, declaró que no era susceptible de acción de amparo constitucional y que los jueces debían inadmitir cualquier causa que pudiera suspender la medida, y que quien lo hiciera sería destituido.
Ocho años después un fallo del Comité de DD.HH. de las Naciones Unidas resolvió que el Mandato 13 violó el derecho al debido proceso de los hermanos Isaías, amparado en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que Ecuador es suscriptor. Ese dictamen se conoció esta semana y desempolvó una larga disputa legal.
Para el Gobierno, el fallo no es favorable a los Isaías y para la defensa de ellos, el dictamen abre una puerta para la reclamación de sus bienes. Según Jorge Zavala Egas, abogado de los hermanos Isaías, el Estado debe realizar la reparación integral del daño producido. "Desde el punto de vista patrimonial, debe devolver todas las propiedades que incautaron".
Además, añadió Zavala Egas, que cuando esto no se puede hacer, porque se lo vendió, "entonces se hace un avalúo y se indemniza". El equipo de abogados de los Isaías hasta ahora no tiene un avalúo final de los bienes que se incautó el Estado.
En un listado de la defensa que dio a conocer a este Diario constan 187 empresas avaluadas en USD 90 236 805 y 48 compañías valoradas en USD 576 041 881. En ese grupo están Ecudos, Petromanabí, Seguros Rocafuerte, Cablevisión, TC Televisión, Gamatv, Editorial Uminasa y radio Bolívar. Además, en la lista hay 447 compañías y 114 bienes que no han sido avaluados.
Los bienes en disputa tienen una valoración parcial de parte de la ex AGD y otra por parte de los hermanos Isaías. Uno de los bienes vendidos por el Estado es el ingenio azucarero Ecudos, en La Troncal (Cañar). El grupo peruano Gloria compró el 70% de las acciones en USD 133,8 millones, en 2011.
Hoy, la empresa se denomina CoAzúcar Ecuador. Los hermanos Isaías presentaron la demanda en marzo del 2012 ante el Comité de la ONU, para que analizara las acciones de la justicia ecuatoriana. Este organismo emitió el dictamen el pasado 3 de junio.
En julio del 2008, la AGD dispuso la incautación de todos los bienes de los administradores de Filanbanco amparada en una resolución de la Junta Bancaria del 26 de febrero de ese año. Esta determinó que el banco tenía pérdidas por USD 661,5 millones y que los dueños "ocultaron" la real situación de la entidad.
El pasado jueves, Alberto Acosta defendió su actuación como asambleísta constituyente al haber votado a favor de la creación del Mandato. "Fue una decisión que buscaba enfrentar los costos de lo que asumió el pueblo ecuatoriano a través del Estado provenientes del feriado bancario".
El Mandato 13 se aprobó con 87 votos a favor, 0 negativos, 2 en blanco y 14 abstenciones. Así consta en el acta No. 80. Acosta dijo que el objetivo de esa aprobación era comenzar a poner en orden todo el "atraco bancario" que vivió el país. "No estoy minimizando al organismo, pero tampoco aceptando aquello que nos dice que hay que cumplir como si fuera una sentencia de un organismo jurisdiccional".
Para el exembajador Jaime Marchán el país está obligado a acatar los dictámenes del Comité al haber ratificado el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y reconocido también su competencia bajo el Protocolo Facultativo. "El Comité no emite sentencias, porque no es un tribunal, pero la doctrina internacional ha reconocido que sus dictámenes tienen fuerza cuasijudicial".
La ministra de Justicia, Lady Zúñiga, señaló que el pronunciamiento del Comité "no desfavorece al Estado y no es que aquí el Estado está obligado a restituir bienes o a indemnizar. Este dictamen no obliga el Ecuador en ninguna parte a proceder con indemnización o restitución de bienes".
Además, dijo que le compete a la Procuraduría General, como abogado del Estado, informar al Comité de la ONU cuales han sido las medidas que permitan garantizar que se dé cumplimiento al dictamen. Por su parte Zavala indicó que se deberá nombrar a un juez ejecutor de Ginebra para que se encargue de monitorear la condena al Estado ecuatoriano.
